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Corrupción de jueces y funcionarios en Baja California Sur

* Debió intervenir la Suprema Corte……

Integrantes de un bufete de abogados que representan a los verdaderos y legítimos dueños de un terreno de aproximadamente 115 hectáreas, invadido en Cabo San Lucas, denunciaron la red de corrupción administrativa en el estado de Baja California Sur, pues protegen a los invasores del terreno propiedad de su defendido, quienes han inventado claves catastrales, folios reales en el Registro Público de la Propiedad; generando autorizaciones judiciales de venta ilegales.

Dicho terreno fue ocupado por invasores desde hace más de una década, quienes aseguran contar con el aval y apoyo del Poder Judicial en la entidad, y por ello, advierten que no acatarán la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien declaró ilegal la autorización de venta a los invasores, sin embargo, no se ha entregado el terreno a sus verdaderos y legítimos dueños, porque los jueces de la entidad no acatan e ignoran al máximo tribunal del país.

Desde hace 11 años, abogados han llevado el juicio para recuperar dicho predio que pertenece a Inmobiliaria del Cabo, S. A. de C. V.  Sin embargo, durante la gestión del gobernador Narciso Agúndez Montaño, éste avaló y permitió la invasión del terreno, por lo que a partir de ese blindaje, los invasores, han incurrido en diversas violaciones a las leyes, ya que se ha modificado el folio real de la escritura en el Registro Público de la Propiedad, no una, sino varias ocasiones.

Los invasores, desde hace tiempo, con la promesa de que “te comparto de las ganancias”, han comprado voluntades y conciencias, y que toda la documentación está en regla, cuando existe la resolución de la Corte a favor del legítimo dueño.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Inconformidad 61/2014), que reconoce la propiedad a los verdaderos y legítimos dueños, y la autoridad judicial federal (Juez Primero de Distrito en Baja California, Javier Loyola Zosa) evade restablecer a la Inmobiliaria del Cabo, S.A. de C.V.,  el pleno goce de sus derechos y las cosas al estado que guardaban antes de las violaciones jurídicas.

Han sido once años de juicios y sentencias ganadas, todas y cada una, y con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay versiones de que habría mano negra, en todo este asunto.

Durante todo este tiempo, el Juzgado Colegiado de la Paz ha aplicado la política de la tortuga en la resolución del caso, y sus magistrados se declaran impedidos para resolverlo, después de entretener por meses o años las resoluciones que les corresponde atender, por lo que se tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que lo atrajera y resolviera conforme a derecho.

FUENTE:

http://www.diarioamanecer.com.mx/corrupcion-de-jueces-y-funcionarios-en-baja-california-sur/