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Edil Flores cuestionó proyectos de ley que atentan contra la autonomía comunal

centromaldon (Copiar)

 

El edil colorado Carlos Flores aseguró el pasado martes en el legislativo comunal que un proyecto de ley sobre el Tratamiento de Residuos lesionaría la autonomía de los gobiernos departamentales de ser aprobado. Otro tanto, según dijo, provocaría otro proyecto que pretende ordenar la zona costera. “La verdad es que es una pena que, cuando tanto se habla de descentralización, autonomías, empoderamiento y participación ciudadana, se tomen iniciativas de esta naturaleza. A nuestro entender, lejos de favorecer los avances en materia de estos asuntos, lo que se hace es borrar con el codo lo que se escribió con la mano, afirmó.

“Esas cabecitas centralizadoras abordan desde Montevideo algunos temas de corte netamente departamentales o regionales -ironizó-. Lo hacen sin tener conocimiento de campo, sin tener coherencia alguna con esos incipientes procesos de descentralización ‒que por un lado proclaman en los discursos pero por otro lado atacan‒, pretendiendo asumir responsabilidades y controles mediante organismos nacionales a los que no les pertenece realizarlos, adoptando decisiones globales que no reconocen las particularidades de cada situación, por su entorno, y desconociendo también las consecuencias que pueden tener desde el punto de vista económico y social las medidas que se tomen en caso de prosperar estas dos iniciativas”, señaló.

“Pomposa consigna”

“En estos días, y a partir de los informes que surgieron del Congreso de Intendentes y de la oposición de algunos jerarcas departamentales, entre los cuales también se manifestó en contra el propio intendente de Maldonado, mucho se habló de la Ley de Ordenamiento Territorial Costero ‒que fue divulgada por muchos medios de prensa, y que naturalmente compartimos‒, mediante la cual se pretende, tal como dice en su artículo 4º, ‘promover la calidad de vida de la población, la integración social, el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales’, etc. Hasta ahí uno comparte ‒está todo bien‒, pero el problema es que bajo esa pomposa consigna después se definen los aspectos que abarcaría esta ley”, dijo el legislador.

“Ahí está el problema, porque habla de ‘la protección del espacio costero, asegurando su calidad ambiental en forma armónica con los objetivos estratégicos del desarrollo social y económico del país’ ‒véase que no dice ‘del departamento’, ‘de la zona’ o ‘de la localidad’‒, lo que en buenos términos significa que, a los efectos del interés superior que a su entender dictamine el gobierno central para el país entero, pueden afectarse las costas, a pesar de la opinión de los gobiernos locales. Cito como ejemplo la instalación de obras portuarias que le permitan a multinacionales sacar sus productos, como se quiso hacer con Aratirí y el puerto de aguas profundas en Rocha, a pesar de la oposición de las autoridades departamentales; ahí tenemos un antecedente que marca lo negativo que puede ser una ley de esta naturaleza”, afirmó.

“Habla ‒lo cito textualmente‒ de ‘el control de las expansiones urbanas y el aprovechamiento y mejora de las capacidades instaladas’, lo que en definitiva invade notoriamente el rol de los Municipios y las Intendencias ‒que para eso tienen sus respectivas Direcciones, alcaldes y concejales‒, desconociéndose además los controles de las propias Juntas Departamentales y de los ediles, como nosotros, que somos los que en definitiva, quienes legislamos en la materia, quienes controlamos y autorizamos ese tipo de proyectos. También porque habla –vuelvo a las comillas– de ‘la protección de los paisajes naturales y culturales relevantes’, como si no existieran suficientes organismos e instituciones públicas y privadas que se dediquen a lo mismo. También habla de la accesibilidad y el uso público de las playas y costas en general; función natural y eminentemente municipal”, agregó.

“Lo que es peor, más cómico –por no decir tragicómico–, es que dice textualmente que ‘se busca la participación de la ciudadanía y de las instituciones del Estado en forma amplia en los procesos de gestión del espacio costero’. O sea, se desconocen los gobiernos locales electos directamente por la gente y, a través de dos nuevos organismos que crean estos proyectos de ley, ‘Observatorio del espacio costero’ y un ‘Comité Nacional de Ordenamiento Territorial’ ‒integrado vaya a saber usted por qué cráneo‒, se va a promover desde Montevideo –desde alguna oficina de allá– la participación ciudadana en los lugares más remotos del país. Esto, naturalmente, entre tantos objetivos que se manejan en este articulado que, sinceramente, para mí es un mamarracho”, afirmó.

Basura

Flores también se refirió a la Ley de Tratamiento de Residuos, que a su juicio también lesiona la autonomía departamental. “Este proyecto pretende abordar la gestión no solo de los residuos urbanos sino también los neumáticos, pilas, baterías, componentes accesorios electrónicos. Este proyecto de ley que se está tratando, establece como uno de sus objetivos, un fondo nacional de residuos con un fideicomiso que sería gestionado por el Estado y que, supuestamente, apoyaría a las Intendencias, a las que se les mandata la creación de una tasa de reciclaje para suministrarle recursos”, señaló.

“Este fideicomiso que se crearía para el reciclaje y tratamiento de los residuos es algo así como lo que sucede con las patentes de rodados, en donde las Intendencias reciben lo que pueden y cuando pueden del fideicomiso del Sucive. Además, en este caso es peor, porque se entrometen en materia propia de la gestión municipal, estableciéndose en dónde y de qué manera se procesa la basura, so pretexto de darle determinados soportes para su tratamiento y reciclaje, con exigencias de sustentabilidad fijadas en un escritorio en la capital y con fondos que las Intendencias van a cobrar, pero que serán administrados por el Gobierno Central; cobrarán cuándo y cómo él quiera”, indicó.

“En definitiva, se trata de una nueva avanzada por parte del gobierno central, en este caso en un tema muy sensible para los ciudadanos, como es la recolección y el tratamiento de la basura, por cuanto su mal funcionamiento puede afectar no solo la vida cotidiana de los vecinos sino también ‒hay que decirlo‒ la imagen de algunos gobernantes”.

Firme defensa

“Digo esto porque justamente existen departamentos que tienen como uno de sus mayores déficits el problema de la basura, por ejemplo Montevideo, donde las encuestas indican que la mayor insatisfacción que tienen sus habitantes en cuanto a los servicios municipales es justamente el tema de la basura. Esto es responsabilidad de los jerarcas, de los gobernantes, del sistema implementado y también de los intereses corporativos ‒hay que decirlo‒, como los del sindicato de empleados municipales, Adeom, en Montevideo, que, en ese permanente conflicto que tienen con el intendente capitalino, ejercen presión en esta área que ‒como digo‒ es tan sensible”, aclaró.

“Entonces, no se puede aceptar que para resolver eso se entregue a cambio la autonomía de los departamentos. Si esta es la causa ‒esperemos que no sea‒, debemos ser firmes en la defensa de los gobiernos departamentales y locales y de los avances en materia de descentralización. Para resolver un problema del intendente montevideano no pueden atropellar de esa manera los derechos y las conquistas alcanzadas”, sentenció.

“También es cierto ‒y hay que decirlo‒ que los volúmenes o toneladas de desperdicios que se manejan generan una industria muy rentable desde el punto de vista económico y muy apetecible para muchas empresas ‒en algunos casos multinacionales‒ que se dedican a su recolección y tratamiento; por tanto es importante observar todas las acciones que se están desarrollando en este sentido”, completó.

Por último, el curul colorado sentenció que “la defensa de las autonomías de los Gobiernos departamentales, de los Municipios y la descentralización de la gestión es la mejor forma de participación ciudadana que los regímenes democráticos pueden ofrecer. Es una pena que en momentos en los que procesos incipientes se vienen gestando, muchas veces, en distintos pueblos y localidades del país, a impulso de los propios habitantes, actores políticos que llenan sus discursos electorales con palabras como: “descentralización”, “participación ciudadana”, “empoderamiento y construcción de ciudadanía”, propongan iniciativas como el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial Costero y la Ley de Residuos que, justamente, van en sentido contrario a esto y su aprobación sería, francamente, un gran retroceso”.

FUENTE:

http://www.correopuntadeleste.com/?p=12443