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Edil Silvera ratifica que la comuna no actuó ajustada a derecho en relación a los solares de Eden Rock

silvera

En un texto que probablemente vea la luz esta semana en la prensa local -Correo de Punta del Este incluido- el edil colorado Juan Silvera aseguró que los presuntos dueños de un valioso solar en la playa de Eden Rock no son tales e insistió en que la comuna está violando las normas al pretender acordar con ellos el cese de un litigio judicial. Por lo demás, el edil aseguró que el terreno linda con la franja fiscal de playa y comentó que varios fallos judiciales y una pronunciación del TCA ratifican lo que ha sostenido últimamente. La Intendencia dijo, se esta extraviando en “su propio laberinto”.

Según se sabe, la IDM ha publicado en diversos medios escritos -El País, El Observador, Brecha, La Diaria, La República, Correo de Punta del Este, etc.- un escrito según el cual explica que está llegando a un arreglo con el propietario de un solar en Eden Rock para evitar un reclamo millonario. Pero un total de quince ediles creen que se está actuando por fuera de la ley y pidieron al Parlamento que anulara la postura comunal. Según los legisladores, el jefe comunal solo puede realizar una transacción de esa naturaleza con la anuencia de la Junta Departamental y del fiscal letrado departamental.

La IDM en tanto ha dicho que los ediles pretenden “llevar hacia ámbitos políticos un asunto que debe resolverse en vía administrativa y jurisdiccional”. En cambio, Silvera estimó que “nada de lo que está sucediendo tendría lugar si la Intendencia de Maldonado estuviera actuando conforme a la ley. En efecto, desde hace más de un año estamos reclamando que se cumpla con el artículo 35 numeral 11 de la ley 9.515 de Gobiernos Departamentales, que dice que para que la Intendencia pueda dejar un juicio sin efecto necesita la aprobación de la Junta Departamental”.

“La razón de esta antigua y sabia norma es muy clara: que el legislativo local, la Junta Departamental, pueda estar enterada y controlar los acuerdos económicos que hace el Intendente. De otra forma, cualquiera podría hacer un juicio reclamando un monto desmesurado (o inexistente), y el Intendente decir que ha logrado un llamado “exitoso” acuerdo por un monto mucho menor al reclamado, pero que igualmente sería mucho mayor a lo que se perdería en un juicio. Si es que se perdería algo. Es una norma de ética y transparencia básica: que se sepa que es lo que los gobernantes están haciendo con el dinero del departamento. Y recalco el “que se sepa”, porque, como el intendente tiene automáticamente la mayoría de los ediles de la Junta, -según dispone la Constitución-, esa mayoría podría en principio aprobar cualquier acuerdo aunque fuese notoriamente desventajoso para los dineros municipales”, señaló.

Sin efecto

“Evidentemente entonces la Intendencia no quiere que la gente sepa los acuerdos judiciales que está haciendo. No quiere que los sepa la gente y no los manda a la Junta Departamental. Pero ni siquiera quiere que los sepan ni los jueces ni los fiscales, porque presenta escritos en los juzgados donde el particular aparentemente deja su juicio sin efecto, pero no le dicen ni al Juez ni al Fiscal que a ese particular le dieron lo que pedía o parte de lo que pedía, en otro expediente administrativo paralelo, oculto para todo el mundo salvo para el propio particular”, agregó.

“Para justificar esta ilegalidad manifiesta, la Intendencia de Maldonado, empecinadamente repite argumentos que no son ciertos. Dice que está obligada a presentar las transacciones a la Junta, pero que esto no son transacciones, sino que simplemente la Intendencia sola, porque se dio cuenta de su error, le da la razón al particular”, dio el edil. Sin embargo, destacó que, de acuerdo a resoluciones del Tribunal de Cuentas de este mismo año, la IDM incurrió en una “notoria violación a la ley” y por eso los ediles apelaron a la cámara de diputados. “Porque los ediles no estamos enterados de lo que hace la Intendencia porque oculta sus expedientes. Ni siquiera se lo informa a los jueces. Se le hacen pedidos de informes como regula la Constitución y no los contesta”, aseguró.

Como ejemplo, Silvera dijo que nadie ha podido ver esos informes de escribanos que aseguran que los terrenos de Eden Rock son privados porque parecen estar “escondidos”. “Si la intendencia cumpliera sus obligaciones legales de rendir cuentas, capaz que hasta nos convencía, pero si nos esconde las cosas, nos convencemos que es porque hay algo que no quiere que se sepa”, afirmó.

Por otra parte, Silvera comentó que pudo ver los títulos originales del padrón en cuestión, presuntamente privado. “De la escritura surge, entre otras cosas, que además de lindar con Luis Dutra y Ernestro Lewy, al norte y noroeste limita con la sucesión de Francisco Fontana, y al sureste limita con la franja de terreno fiscal de 150 metros que la separa de la costa del Río de la Plata” !!! Más claro, imposible. ¡¡¡ Los campos de Luis Dutra, Ernesto Lewy, Francisco Fontana y la franja fiscal no integran el padrón que fue comprado: son sus vecinos linderos!!!”, explicó.

Por lo demás, dijo que “cuando se mira el plano del agrimensor se ve claramente que la franja fiscal está al costado, afuera del terreno comprado. ¿Cómo quieren que los jueces declaren que la franja fiscal es suya si en la propia escritura de compraventa están diciendo que no la compraron? ¡¡¡Si están diciendo que es su vecina y los separa del mar!!!”

“Bueno, ante este documento, analizado por dos escribanas actuarias de los respectivos juzgados, la intendencia de Maldonado dice que no tuvo razón de haber ganado los juicios. Que los tendría que haber perdido. Y que para no violar el derecho humano de propiedad de quienes hacen juicio en su contra, ahora les reconoce la propiedad – lo que solo pueden hacer los jueces -, y por lo tanto les va a empezar a cobrar contribución inmobiliaria. Para hacer lo cual ya gastó más dinero en publicar propaganda en la prensa escrita del dinero que va a recaudar por estos impuestos”, afirmó.

Reclamos millonarios

Por último, el edil dijo que “el párrafo más apartado de la verdad del comunicado de la intendencia es la parte final que comienza resaltada en negrita y dice “se evitó la sustanciación de reclamos millonarios”, cosa que no es posible, según dijo. Una ley impide a los privados reclamar una decisión comunal después de 4 años de adoptada.

“Si al primer juicio (nota: de un padrón lindero), iniciado en el 2010 el tribunal le dijo que ya había llegado un año tarde, resulta obvio que el tercero que empezó en el 2011, llegó dos años tarde. Por otra parte, si ganara, ¿qué justificación se tiene para reclamar millones? ¿Qué hace años que habrían podido vender casas en la playa?”, preguntó.

“Dice el comunicado de la intendencia, “no se otorgó permiso de construcción alguno (en caso de presentarse solicitud al respecto se resguardará la normativa departamental y nacional vigente)”. O sea, solo sin transacción, y si los jueces autorizasen construcciones en predios fiscales, podría un particular reclamar que perdió millones de dólares por no haber podido vender casas en la playa.

En resumen, desde hace cuatro años que la Intendencia de Maldonado sabe que no tendrá que pagar un solo peso en concepto de daños y perjuicios. ¿Y ahora hacen una publicación con letras negritas diciendo que buscan evitar reclamos millonarios cuando ya hace cuatro años que ganaron el juicio en ese punto? Ya tuvo su apelación. Legalmente no hay otra. Tiene lo que se llama cosa juzgada, que significa que es la decisión final de la Justicia, que equivocada o no, ya no se puede modificar. Solo queda cumplir las sentencias”, dijo el edil.

Foto: FM Gente

FUENTE:

http://www.correopuntadeleste.com/?p=12518