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Columna de opinión: “Impuestos y tarifas: no hay con qué darle”, por Pablo Mieres

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El arroz uruguayo es uno de los mejores del mundo, así lo reconoce el mercado mundial del sector, los productores arroceros uruguayos han incorporado tecnología de punta y logran los más altos niveles de productividad en términos comparados a nivel internacional. Todas estas afirmaciones pueden ser constatadas por cualquier ciudadano ajeno al sector agropecuario. Los arroceros han logrado niveles de excelencia productiva a escala mundial.

Lo natural sería encontrar a los productores arroceros en pleno crecimiento y desarrollo, con altos niveles de rentabilidad y reinversión.

Pues no. Los productores arroceros hace años que no obtienen rentabilidad de su actividad productiva y reclaman al gobierno cambios básicos en las condiciones productivas del país. No tienen ninguna posibilidad de mejorar su gestión, han llegado al límite de sus potencialidades de desarrollo empresarial. Insólito, ¿no?

Pues bien, la explicación es muy sencilla, los costos que el Estado descarga sobre todo el sector productivo, incluido obviamente el arrocero, son incompatibles con la obtención de rentabilidad. No hay con qué darle.

La carga tributaria, el atraso cambiario y, sobre todo, el costo descomunal de las tarifas públicas constituyen un peso insostenible para los productores uruguayos.

El ejemplo del arroz impacta más porque han alcanzado niveles de eficiencia y productividad insuperables, pero algo similar se puede afirmar sobre el resto de los sectores productivos agropecuarios.

Ni hablar de los pequeños productores lecheros o de las pequeñas unidades productivas del sector servicios. El costo del Estado ha llegado a un nivel de presión que es incompatible con la sustentabilidad misma de cada área de actividad.

Este es, sin dudas, uno de los motivos por el que el crecimiento económico observado últimamente no esté acompañado de un incremento de las fuentes de trabajo. Tenemos crecimiento sin aumento del empleo.

Los empleadores están asfixiados por el peso de los impuestos y tarifas públicas, además de que el costo de contratar trabajadores es también muy elevado.

Estamos en una situación límite. El gobierno ha exprimido al sector productivo y ha disparado descaradamente un gasto público inmenso que se expresa en un abultado déficit fiscal que no logra reducir sustancialmente aunque establezca nuevos ajustes fiscales y aumente su presión tributaria sobre toda la sociedad.

Pero, además, el gasto público, que se expandió de manera exuberante durante estos últimos años, no ha estado acompañado de una mejora de las políticas sociales. Por el contrario, en varias áreas del Estado las políticas sociales han mostrado resultados negativos.

En efecto, el incremento de recursos en la educación no ha representado ninguna mejora, todo lo contrario, la situación de la educación muestra estancamiento o, directamente, empeoramiento en la mayoría de los indicadores sustantivos.

Las políticas sociales dirigidas a los más débiles no han representado una mejora, ni siquiera mínima, en la profunda crisis de la integración social, presentando una grave segmentación territorial y cultural que es cada vez más evidente.

Las políticas de salud y de seguridad social exhiben un déficit enorme y creciente, mientras que las prestaciones no son acordes al esfuerzo que realiza el país y la sociedad.

Mientras tanto, el gobierno multiplica los cargos de confianza y aumenta el número de vínculos laborales con el Estado. A su vez, utiliza las tarifas públicas para aumentar los recursos disponibles para Rentas Generales, impidiendo rebajas en las tarifas de alguno de los servicios públicos.

A su vez, las empresas públicas toman medidas indecentes, como por ejemplo cuando ANCAP sustituye a los gerentes responsables de la catástrofe de gestión que implicó que la empresa estuviera técnicamente quebrada, contratando nuevos gerentes pero manteniendo a los anteriores con sus salarios privilegiados, ahora cumpliendo funciones de “asesores”. O sea que ahora ANCAP pagará doble las remuneraciones gerenciales. En ninguna empresa privada habría ocurrido este dislate de despilfarro inaceptable. Pero no importa, porque ANCAP traslada sus costos al sobreprecio del combustible que pagamos todos.

Así estamos, y nada indica que este gobierno hará algo para cambiar esta situación; pero será uno de los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno.

Reforma del Estado y de las empresas públicas, redefinición de la distribución de las cargas públicas sobre el aparato productivo, reforma de la educación y otras políticas sociales son algunas de las asignaturas pendientes que los sucesivos gobiernos del Frente Amplio han generado.

FUENTE:

http://www.correopuntadeleste.com/?p=12530